Los abogados hablan raro. Los jueces escriben en latín. Las leyes que debemos obedecer son incomprensibles para quienes no dominan la jerga. Los procesos judiciales son laberintos borgeanos. Grandes lujos que de la profesión que monopoliza el acceso a la justicia (no se puede hacer casi nada en tribunales sin pagarle a un abogado) y de una de las instituciones públicas con menor credibilidad (el 80% de la ciudadanía tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial).

Justicia Abierta viene a simplificar lo que siempre nos preguntamos y no entendemos de ese mundo oscuro en el que se definen los límites de nuestros derechos.

La Corte Penal Internacional es un tribunal creado en 1998 por el Estatuto de Roma que tuvo como antecedentes los tribunales especiales para Ruanda y la ex Yugoslavia. El tribunal funciona efectivamente desde el año 2002 y tiene 122 Estados parte, que ya por serlo reconocen su jurisdicción del tribunal. Argentina es parte. No lo son por ejemplo, Estados Unidos, Israel ni Irán.

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (que resuelve conflictos entre Estados), la Corte Penal Internacional juzga a individuos cuando los Estados no quieren o no pueden hacerlo a nivel local. Y lo hace solo por algunos delitos: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y, desde 2018 pero solo para los Estados que reconocen su jurisdicción, también para el crimen de agresión.

Aun sin que los Estados reconozcan la jurisdicción de la Corte, el tribunal puede intervenir si el país en el que ocurre el delito o del que es nacional la persona acusada reconoció esa jurisdicción. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Rusia y Ucrania. Ucrania ya desde el año 2015 le había reconocido esa jurisdicción a la Corte Penal para intervenir en ese conflicto específico.

Las investigaciones ante la Corte Penal Internacional se pueden iniciar por el pedido de un Estado parte o del Consejo de Seguridad. También puede actuar de oficio el fiscal, pero requiere la previa autorización de una sala especial del propio tribunal. El fiscal actual que interviene en el caso de Rusia y Ucrania es el inglés Karim Khan. El primer fiscal de la Corte fue el argentino Luis Moreno Ocampo, que también había sido fiscal auxiliar de Julio César Strassera en el juicio a las juntas en 1985.

En el conflicto entre Rusia y Ucrania, el fiscal Karim Khan actuó inicialmente de oficio, pero luego el caso se activó rápidamente con un pedido inédito que hicieron para reclamar su intervención 39 países del mundo.