México ha sido “indolente” frente a las violaciones de Derechos Humanos y ante los crímenes de mujeres, periodistas y activistas que solo exigen verdad y justicia, así lo consideró Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México.
“El Estado mexicano ha sido un Estado indolente frente a estas violaciones a derechos humanos y frente a las personas que se tienen que convertir en defensoras de derechos humanos y que solamente están exigiendo lo que es deber del Estado: darles verdad, darles justicia y darles reparación integral del daño”, dijo la experta a Efe.
Olivares, quien acompañó a mujeres en la defensa de la “Glorieta de las mujeres que luchan”, ubicada en la zona de donde fue retirada la escultura de Cristóbal Colón y que fue tomada por feministas en septiembre de 2021, recordó que México vive actualmente una “crisis” de derechos humanos que se ha profundizado en los últimos años.
“Hablo de profundización por el incremento de las personas desaparecidas, por el incremento de activistas asesinados, por el incremento de víctimas de feminicidios”, enfatizó.
Olivares acompañó a feministas que se manifestaron en la glorieta para denunciar que el Gobierno de la Ciudad de México busca destruir el lugar, ubicado en el emblemático Paseo de la Reforma y que se ha convertido en una especie de santuario para madres y familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, como se tipifica al asesinato por razón de género.
“Desde nuestra apropiación pacífica hace 10 meses se han hecho acciones que han consolidado el espacio”, señaló Sally Correa, hermana de Salma Correa, víctima de feminicidio en 2019.
Desde septiembre de 2021, un año después de que se retiró la efigie de Colón, los colectivos instalaron la figura de una mujer con el puño en alto y, alrededor de esta, un tendedero con denuncias de acoso.
En marzo pasado, las feministas cambiaron la figura de madera por una de metal para que se considerara como una instalación permanente.
Las activistas denunciaron que personal administrativo de la Ciudad de México acudió a la “Glorieta de las mujeres que luchan” para comenzar su desmantelamiento, a pesar de los comunicados y de la exigencia de respeto al derecho a la memoria mediante el uso del espacio público.
“Hemos pedido en varias ocasiones el reconocimiento de este espacio y que se detenga la destrucción de esta glorieta en la que escribimos nuestra historia”, puntualizó Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín Osorio, víctima de feminicidio en 2017.
Refirieron que, en un país en donde asesinan a entre 10 y 11 mujeres de manera violenta cada día, es indispensable contar con espacios como este pues es evidencia de la “enorme deuda que el estado mexicano y cada una de las instituciones tienen en este país”, según Yadira González, quien busca a su hermano Juan González desaparecido hace casi una década.
Las activistas pidieron así a las autoridades que respeten el espacio y que el gobierno capitalino les dé respuestas claras sobre las acciones que piensan tomar con la glorieta aunque aseguraron que seguirán en lucha para evitar su destrucción.
El Gobierno mexicano registró 1,004 víctimas de feminicidio en el país (asesinato por razón de género) en 2021, un 2.66% más que en 2020.
El pasado miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entregó al Senado y a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, con el objetivo de robustecer la definición conceptual y legal de este tipo de crímenes, explicó el ministro presidente del organismo, Arturo Zaldívar.
“Uno de los problemas que tiene estructuralmente el tema del feminicidio es que no está definido de manera adecuada y uniforme el tipo de feminicidio. Cada estado lo conceptualiza de una forma diferente y esto impide normalizar el protocolo de investigación, ya que los tipos son distintos”, detalló Zaldívar.
Durante la presentación de la iniciativa en el Senado, Olga Sánchez Cordero y Gabriela López Gómez, ambas legisladoras por Morena, presentaron la iniciativa para unificar la tipificación del feminicidio en todo el país.
La propuesta busca reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer criterios que permitan a las autoridades de todos los estados, utilizar los mismos parámetros de razonamiento y argumentación para investigar y sancionar este delito.
Además, busca combatir la impunidad y prevenir cualquier posible error en la integración de las carpetas de investigación derivado por las diferencias que hay entre los códigos penales estatales.
