La denuncia, presentada en octubre, se produjo días después de que un juez desechara otra demanda del gobierno mexicano por 10,000 millones de dólares contra fabricantes de armamento buscando responsabilizarlos por facilitar su acceso a los violentos cárteles de la droga.
El juez de ese caso citó al PLCAA en su decisión, la cual México está apelando.
“Como se esperaba, las demandadas argumentan que pueden seguir vendiendo armas a quien sea”, dijo el sábado Alejandro Celorio, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. “Señalan que no hay nada que el gobierno de México pueda hacer para impedirlo, ni para que rindan cuentas”, agregó.
Los abogados de los acusados no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
En 2021, México presentó acciones legales en contra de la comercialización de armas y su tráfico ilícito.
Las autoridades mexicanas insisten en que organizaciones criminales en ambos lados de la frontera compran en supermercados, por Internet, ferias de armas y a traficantes, miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que son utilizadas en la comisión de actos ilícitos en México.
Por ello es que vio indispensable iniciar una acción legal factible en los Estados Unidos en contra de quienes producen las armas que están íntimamente vinculadas a la violencia.
