La venta de 13 de las 27 plantas que Iberdrola operaba en México, al gobierno por 6 mil millones de dólares, es una señal de advertencia para las empresas energéticas que tienen inversiones en el país como Enel, Naturgy, Mitsui, Sempra Infraestructura, entre otras, que podrían analizar pausar o incluso, retirar sus capitales en lo que resta de esta administración, advirtieron analistas del sector.
“A pesar de que el país tiene una mayor demanda de energía eléctrica, yo no veo inversión privada en el sector energético de aquí al 2024, después de la elección presidencial y una vez que haya certeza de que habrá cambios en la política energética”, aseguró Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía.
Si bien no hay un mensaje nuevo para las empresas, pues desde el inicio de esta Administración se les atacó constantemente, sostuvo que la operación, refuerza el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador de no permitir inversiones a privados, lo que terminará por ahuyentar las inversiones de otras empresas productoras de electricidad.
“En lo que va de esta Administración, las inversiones destinadas a proyectos de energías limpias se han ido reduciendo drásticamente, pasando de 5 mil 893 millones de dólares en 2017 y 4 mil 254 millones de dólares en 2019, a tan solo 705.9 millones de dólares en 2021″, destacó Ramírez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó su trato con Iberdrola como una “nueva nacionalización” de México.
“La elección de palabras y mensajes es deliberada. El mensaje principal para los inversionistas del sector privado, al menos en el lado de la electricidad, ciertamente no es bueno”, dijo Juan Padilla, director gerente de la consultora de energía IPD Latinoamérica.
Hasta antes de la compra de las plantas de gas natural y un parque eólico de la compañía eléctrica más grande de España, en México, aparte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), existían 16 empresas dedicadas a la generación de electricidad, mismas que representaban un total de 33 mil 300 Megawatts (MW) de capacidad instalada, lo que representa más del 38 por ciento de la capacidad total en el país con más de 25 mil millones de dólares de inversión, según datos de la Asociación Mexicana de Energía (AME).
Con la operación, Iberdrola es la empresa que más electricidad genera en el país, de los casi 11 mil MW que tenía en sus 27 plantas, ahora se quedó con 2 mil 427 MW. Con estas cifras, CFE tendrá 55 por ciento de la participación en el mercado eléctrico y los privados 45 por ciento.
De acuerdo con el director de la consultora GMEC, Gonzalo Monroy, tanto la política pública implementada por este gobierno al aprobar las leyes secundarias a la Ley de la Industria Eléctrica, así como los constantes ataques que hubo hacia Iberdrola por parte del ejecutivo federal, fueron las razones por las que la empresa tomó la decisión de vender la mayoría de sus activos.
Según datos de la CFE, de haber continuado con la política pública que permitía el ingreso de agentes privados al mercado eléctrico, para 2024 cerca del 70 por ciento de la generación eléctrica estaría en manos de privados y el resto en la Comisión, lo que, para expertos como Víctor Ramírez, habría significado un menor costo en la electricidad.
La compra requerirá que México invierta dinero en plantas antiguas en lugar de hacerlo en proyectos de energías renovables, dijo el consultor energético Severo López Mestre.
“Este acuerdo es una malla compleja con alta rentabilidad política por un lado, muy alta rentabilidad comercial por el lado de Iberdrola y baja rentabilidad para el sector energético en México”, dijo.
Alertan por reforma para derogar la Ley de Expropiación
El analista de GMEC alertó a las demás empresas generadoras de electricidad, ya que, dijo, podrían empezar a ser blanco de ataques del presidente para que CFE se convierta en un monopolio aún mayor, al modificar las Ley de Expropiación.
“Hace un par de semanas se presentó en Cámara de Diputados una iniciativa para derogar la Ley de Expropiación. Esta reforma lo que busca es que las expropiaciones ya no tengan que ser pagadas, lo que permite al Estado o empresas del Estado terminar anticipadamente los contratos sin tener que indemnizar nada e incluso hasta previniendo la formación de arbitrajes internacionales, todo esto en aras de lo que han llamado Interés Público”, sostuvo Monroy.
Bajo este contexto, pidió a las empresas mantenerse alertas para prevenir que estas reformas sean aprobadas, ya que esto podría afectar gravemente a sus intereses e incluso podría afectar a los mexicanos.
“Esta iniciativa es una mala señal porque no sólo las empresas de generación de energía se pueden ver afectadas, también las empresas mineras, de infraestructura y todas aquellas industrias que inviertan en el país y que por alguna razón el gobierno decida expropiar sus fierros. Esta iniciativa puede poner en riesgo, incluso, el llamado nearshoring”, adelantó Monroy.
