México da un paso más al frente para tratar de combatir el tráfico ilegal de drogas y armas de fuego en el país. El Gobierno del país creará una comisión presidencial para enfrentar el problema, de acuerdo al decreto que ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El mandato, que entra en vigor este jueves, supondrá la creación de un grupo de trabajo compuesto por siete de las 20 Secretarías del Ejecutivo, además de la Fiscalía General de la República —que tendrá voz, pero no voto en las reuniones—.

“La comisión tiene por objeto fungir como un grupo de trabajo especial para el seguimiento de las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, apunta el decreto. El presidente Andrés Manuel López Obrador será el titular de la mesa de trabajo, lo que supone que podrá convocar o solicitar las sesiones; además, su voto servirá para llegar a un acuerdo en caso de un supuesto empate entre los componentes. En el grupo de trabajo estarán incluidos titulares de siete Secretarías, no solo las encargadas de la seguridad del país: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la de Gobernación, Exteriores, Defensa (Sedena), Marina, Salud, y la de Hacienda y Crédito Público —a través de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación—. En la comisión también estarán presente el titular del Centro Nacional de Inteligencia —dependiente de la SSPC— y el de la Guardia Nacional —dependiente de la Sedena—.

La Administración de López Obrador trata de este modo abordar dos de las materias que han supuesto un constante conflicto para distintos Ejecutivos mexicanos: el tráfico de armas y el de las drogas —entre las que se encuentra el fentanilo, la droga sintética que ha acaparado los titulares en los últimos meses—. El comercio ilegal de drogas ha estado en el punto de mira del Gobierno especialmente en las últimas semanas, después de que el ala conservadora estadounidense presionara y avivara la discusión en torno a esta materia. En las últimas semanas, los republicanos han tratado —una vez más— de catalogar a los cárteles mexicanos como “grupos terroristas”, una iniciativa que de aprobarse daría facultades a las Fuerzas Armadas estadounidenses para combatirlos dentro en la frontera de México.

López Obrador ha criticado estas propuestas de intervencionistas, llegando a tildar a los republicanos como “mequetrefes”. Además, ha supuesto un aluvión de referencias a EE UU en materia de drogas. El anuncio de a partir del año que viene los jugadores de la NBA podrán fumar marihuana sin miedo a las sanciones fue interceptado por López Obrador como un ejemplo de lo que no funciona en su vecino del norte. “[No] fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente”, comentaba a través de su cuenta de Twitter. No fue el único del Ejecutivo. Ante los reiterados desencuentros, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mantuvo el pasado martes la postura gubernamental de que el tráfico de fentanilo no forma parte de la frontera mexicana, sino que es una “epidemia importada”: “Hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México”.

La lucha contra el comercio ilegal de armas de fuego (”y sus municiones”, como concreta el DOF) también ha sido una herida abierta en México. López Obrador ha tratado la lucha contra el tráfico de armamento por la vía diplomática y la de los tribunales. En 2021 inició una lucha legal para llevar a la justicia a 11 gigantes de la industria armamentística, donde reclamó las “prácticas comerciales negligentes e ilícitas” de estos fabricantes, por facilitar “el tráfico ilegal de armas a México”. Presentó una denuncia ante un juzgado de Massachussets, que terminó desechando la demanda el pasado mes de septiembre.

El Gobierno de México presentó una apelación a la decisión del juzgado, llevando la demanda a otra entidad estadounidense, en una corte de Arizona. El pasado mes de marzo, 18 territorios de EE UU —junto a varias autoridades de seguridad, organizaciones y Gobiernos de otros países— se sumaron a la apelación presentada por el Ejecutivo de López Obrador.