Con la inminente designación del candidato oficialista y ya definida la carta de la coalición opositora, México deja prácticamente definidas las dos principales apuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene previsto anunciar el miércoles el resultado de las encuestas de las que saldrá el nombre del elegido para sucederle al frente de lo que el mandatario llamó la cuarta transformación de México, la continuación de su proyecto de gobierno.

Los tres principales partidos de la oposición —el antaño hegemónico Revolucionario Institucional (PRI), el conservador Acción Nacional (PAN) y el históricamente izquierdista PRD— ya designaron formalmente el domingo a la senadora Xóchitl Gálvez como su aspirante a la presidencia por la coalición Frente Amplio por México.

Sondeos de medios de comunicación —no vinculados con las encuestas de Morena— han señalado a la ex alcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum como la favorita del oficialismo, seguida del excanciller Marcelo Ebrard.

En caso de que la jefa de gobierno capitalina termine siendo la candidata oficialista, México podría tener por primera vez a dos mujeres como las principales contendientes a la presidencia.

Pero el camino hasta aquí no ha estado exento de polémica

Muchos analistas ven positivo que haya competencia dentro de los partidos y que los aspirantes estén bajo escrutinio de los ciudadanos, pero también consideran que ha habido un desafío a las instituciones.

El presidente dio el pistoletazo de salida en la carrera preelectoral para elegir a su sucesor dentro de Morena varios meses antes de lo establecido en la legislación.

La coalición opositora tuvo que salir al paso para no quedar rezagada ante un oficialismo que controla el Congreso, 22 de 32 estados del país y es el favorito para 2024. Y optó por saltarse también los tiempos legales que fijan en finales del noviembre el inicio de todo este proceso.

En medio, las autoridades electorales quedaron “aprisionadas”, explicó la politóloga Georgina de la Fuente. Lo único que pudieron hacer fue avalar un hecho consumado: que la precampaña había empezado de facto casi seis meses antes de lo previsto, con el argumento de que eran asuntos internos de los partidos.

La legislación mexicana no contempla procesos de primarias aunque el PAN ya había hecho ejercicios en este sentido. En las siete décadas de gobierno del PRI, las designaciones de sucesores — al margen de luchas internas más o menos fuertes— eran verticales, con nominaciones directas desde la propia presidencia.

En esta convocatoria, tanto el oficialismo como los principales partidos de oposición, han querido mostrar su democracia interna pero el resultado, según De la Fuente, fue que todo el país quedó “dentro de un proceso de simulación” que no fue equitativo para los contendientes —-unos con más poder y medios que otros—, ni transparente en el uso de recursos.

No respetar las reglas, aunque estas sean criticables por su rigidez, “es mal precedente antes de un proceso electoral”, agregó la también académica del Tecnológico de Monterrey, una universidad privada del norte del país.

Claudia Alcocer Olmos, directora de la revista especializada en elecciones “Voz y voto”, coincidió pero dijo que como el proceso ya es “irreversible”, lo único que puede hacerse es crear a futuro normas para que las competencias internas partidistas sean más justas.

Las autoridades no pueden intervenir en la vida de los partidos, pero el presidente López Obrador ha criticado de manera constante en sus conferencias matutinas a la que apuntaba ser la opositora mejor posicionada: Xóchitl Gálvez.

Dentro del oficialismo, se ha denunciado el uso de programas sociales en favor de la ex jefa de gobierno de la capital Sheinbaum y Ebrard dijo estar “muy preocupado” por el intrincado proceso de encuestas utilizado por Morena.

En la oposición, se ha criticado que las cúpulas de los partidos interrumpieron el proceso interno antes de lo previsto para encumbrar a Gálvez.

El único partido que se quedó en la institucionalidad fue Movimiento Ciudadano, recordaron ambas expertas. Pudo ser por guardar las formas o porque no contaba con un candidato claro, ya que algunos sectores de este partido —que gobierna dos estados de gran peso económico como Jalisco y Nuevo León— quieren unirse a la coalición opositora pero su dirigencia, de momento, lo ha rechazado.

Pese a los problemas, estrategas políticos como Antonio Sola, que trabajó en la campaña de 2006 de Felipe Calderón y luego con uno de los partidos de la coalición que llevó al poder a López Obrador en 2018, consideró el ejercicio actual como “absolutamente positivo para la democracia mexicana”.

En su opinión, los abusos históricos llevaron a la aprobación de muchas normas y a que estas sean muy rígidas por lo que el reto ahora es “encontrar un equilibrio que permita la competencia sabrosa para que los electores pueden tomar decisiones”.